Abogado para Estafas y Fraudes en Alto Hospicio

No. El incumplimiento de una obligación civil no constituye delito. La estafa exige un engaño anterior que provoque un error y lleve a una disposición patrimonial con perjuicio: los cuatro elementos deben concurrir y acreditarse. Muchas querellas describen un incumplimiento y lo rotulan como estafa, y esa distinción se plantea desde la primera audiencia.

Se determina caso a caso con la documentación revisada, y queda por escrito antes de asumir.

Es una salida real en esta materia. La decisión se toma comparando su costo con el riesgo del juicio.

Se distinguen en el momento del engaño: en la estafa es anterior, en la apropiación indebida no lo hay.

Una decisión de negocios que resulta mal no es por sí sola un delito. La figura exige que la gestión haya excedido las facultades conferidas y causado un perjuicio determinado al patrimonio administrado. Los estatutos, las actas y un peritaje contable son la base de la defensa.

Suelen tener además una arista administrativa en paralelo, que conviene agendar desde el inicio.

Se analiza el protesto, la notificación y el plazo. La consignación oportuna extingue la responsabilidad.

Se discute con arraigo documentado. En montos altos o con muchos afectados el fiscal suele pedirla.

Importa mucho. Los pagos parciales se descuentan del perjuicio alegado.

Contra la sentencia procede el recurso de nulidad, con causales específicas y plazo breve desde la notificación. En esta materia es especialmente relevante cuando el fallo dio por acreditado un engaño que la prueba documental del propio proceso no sostiene.

Sí. El tribunal competente se confirma antes de asumir, porque define plazos y traslados.

Mándenos los documentos del negocio si los tiene. Es lo que posibilita responder con precisión.